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Argentina

SE EXTIENDEN CRÍTICAS A LA LEY TIC

El proyecto de Ley Argentina Digital -para la regulación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)- que ya cuenta con un dictamen de comisión en el Senado aprobado por la mayoría kirchnerista; sigue cosechando cuestionamientos desde distintos ámbitos relacionados con el sector y también con la defensa de los derechos ciudadanos.

La Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) difundió una solicitada en la que recalca la situación de privilegio para las empresas de telefonía que consagra el proyecto, a las que se les concede la explotación de “nuevos servicios y con la posibilidad de uso de las inversiones de empresas nacionales”. La asociación cuestiona al proyecto de ley por su favoritismo en relación a las grandes corporaciones multinacionales, y el perjuicio que supone para las empresas argentinas.

Esta semana también se conocieron las opiniones de la Asociación de Derechos Civiles (ADC) y de la Fundación Vía Libre, que expresaron su preocupación por ciertos aspectos del proyecto que, aseguran, “ponen en riesgo la vigencia de derechos constitucionales”. Ambas entidades cuestionaron el excesivo poder conferido a la autoridad de aplicación -designada por el Poder Ejecutivo- y la ausencia de un esquema de control adecuado. Resaltaron que un sector tan dinámico y técnico como el de las telecomunicaciones requiere un órgano idóneo, eficaz e independiente. En el mismo sentido, alertaron sobre la excesiva amplitud en el alcance de la normativa, que define de manera poco precisa a los servicios TICs, lo que podría terminar ubicando bajo su potestad regulatoria a “todos los servicios que se prestan a través de Internet (como, por ejemplo, las comunicaciones interactivas, bidireccionales o multidireccionales, de voz e imagen)”. También advirtieron sobre la amenaza latente “para la circulación de informaciones e ideas en el entorno en línea” y sobre la potencial “regulación indirecta de los contenidos”.

Por su parte, la Cámara Argentina de Internet (CABASE), que agrupa a las empresas proveedoras de servicios de acceso a Internet, servicios de data center, contenidos online y servicios relacionados con la Tecnología de Internet; remitió al Senado sus observaciones. La Cámara destacó la falta de claridad al momento de señalar quiénes serán los sujetos regulados, y alertó sobre el pronunciamiento de las asimetrías entre pequeños y grandes prestadores, que termina perjudicando a cooperativas y pymes. Destacó asimismo la falta de independencia y de rigor técnico previsto para la autoridad de aplicación, y la insuficiente protección de la confidencialidad de las comunicaciones.

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